Un “break” a la crisis económica. La segunda oportunidad.

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Un “break” a la crisis económica. La segunda oportunidad.

Comentario a la Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015)

Escenario social

Ante el clima de crisis instaurado en la sociedad actual, afectando tanto a personas jurídicas como a personas físicas, se nos presenta un panorama desolador en muchos de los casos: mientras que los ingresos se reducen a mínimos, o directamente son inexistentes, las deudas contraídas con anterioridad, o las sobrevenidas, ahogan a la generalidad a causa, entre otros, del principio legal de responsabilidad patrimonial universal (art. 1911 del Código Civil). De forma gráfica, las deudas devoran al deudor sin piedad, y si no lo hace inmediatamente, lo hará al más mínimo atisbo de recuperación económica.

En esta atmósfera de pesimismo aparece la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, para otorgar soluciones que emergen de la ley y que desembocan en un respiro a esas economías asfixiadas.

Con la ley rubricada, se pretendió dar un desahogo a esas personas que se veían afectadas por una insolvencia, bien actual o inminente, pero que, en todo caso, les impedía continuar con el sufragio ordinario de las deudas, con devengos periódicos usualmente, que habían contraído.

El preámbulo de la Ley nos dice:

“Muchas de las situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del deudor de buena fe, planteándose entonces el fundamento ético de que el ordenamiento jurídico no ofrezca salidas razonables a este tipo de deudores que, por una alteración totalmente sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, no pueden cumplir los compromisos contraídos. No puede olvidarse con ello que cualquier consideración ética al respecto debe conectarse siempre con la legitima protección que el OJ debe ofrecer a los derechos del acreedor, así como con una premisa que aparece como difícilmente discutible: el deudor que cumple siempre debe ser de mejor condición que el que no lo hace”.

Estructura de la Ley 25/2015

La estructura de la ley nos define dos partes diferenciadas subsumidas bajo sus dos Títulos: la relativa a las medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y la segunda parte sobre otras medidas de orden social.

Se establecen 10 artículos, 6 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 21 disposiciones finales.

El auxilio de las personas físicas

En este artículo enfocaremos la parte relativa a esas medidas destinadas a solventar la situación financiera de las personas naturales no empresarios. Podemos concretar dichas medidas en las siguientes:

El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

Una vez concluido el concurso de persona física, y tras la correspondiente fase de convenio o de liquidación, el deudor cuenta con un plazo para presentar la solicitud de exoneración del pasivo que no se ha podido satisfacer tras la repartición. Supone un “perdón” de la deuda pendiente por parte de la ley tras haber finiquitado la etapa relativa al concurso.

Se mantiene el sistema de la exoneración del pasivo sobre dos pilares fundamentales: por un lado, la buena fe del deudor, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 25/2015, y, por otro lado, como hemos mencionado, que se haya liquidado previamente su patrimonio. Cabe la posibilidad, válida igualmente, de terminación del concurso por insuficiencia de la masa, siendo procedente la solicitud de exoneración en las mismas condiciones.

Una vez declarada la exoneración por el juez competente, se imposibilita a los acreedores incoar cualquier tipo de acción para la recuperación de la cantidad que se les adeudaba, blindando así los efectos de la exoneración

En cuanto a las deudas no exoneradas, éstas deberán ser satisfechas en los 5 años siguientes a la conclusión del concurso.

El acuerdo extrajudicial de pagos en personal natural no empresario.

Se flexibilizan los acuerdos extrajudiciales de pagos asimilándolos a los acuerdos de refinanciación de la Ley Concursal. Es precisamente en la ampliación de su ámbito subjetivo de aplicación donde se encuentra una de las novedades, al regular la posibilidad de las personas naturales no empresarios de solicitarlo.

Se establece además un procedimiento simplificado para las mismas. Los requisitos para poder solicitar acuerdos extrajudiciales son los siguientes:

  1. Que el total de las deudas sea inferior a 5 millones de euros.
  2. Que la persona no haya sido condenada, en los últimos 10 años previos a la declaración del concurso, por delitos contra la Hacienda Pública, de falsedad documental, contra el patrimonio, contra el orden socio-económico, delitos contra la Seguridad Social o en perjuicio de los derechos de los trabajadores.
  3. Que no se encuentre negociando acuerdos de refinanciación con sus acreedores o aquellas personas a las que hubiera sido admitida a trámite la solicitud de concurso.

Un aspecto importante sobre los acuerdos extrajudiciales de pagos implantados por la Ley 25/2015 es la tramitación mediante Notario, que:

  1. Comprobará que el solicitante cumple con los requisitos establecidos legalmente y mencionados en el presente,
  2. Realizará la comprobación de la documentación presentada y la pertinencia de la negociación,
  3. Impulsará las negociaciones entre el deudor y los acreedores,

Mencionar que las actuaciones del Notario descritas no devengaran retribución arancelaria, y que, en todo caso, si en el plazo de 2 meses no se consiguiera un acuerdo satisfactorio para las partes, instaría el concurso de acreedores de persona física.

Protección del deudor hipotecario. 

Se mejora el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual, suspendiéndose además el lanzamiento sobre dichas viviendas habituales por dos años si se tratan de colectivos especialmente vulnerables, conforme a la Ley que comentamos y los requisitos establecidos en ella.

Para concluir con el artículo, desde LBO Abogados nos gustaría subrayar la importancia de la figura descrita en el punto 2, dada su importancia a la hora de solventar situaciones económicas nefastas, consecuencia de la importante recesión económica que estamos sufriendo en nuestro país, e invitarles a realizar las consultas y aclaraciones que precisen sobre la Ley 25/2015, nuestros especialistas estarán a su disposición para ofrecerles la ayuda que requieran de manera profesional y comprometida.

Carlos Román Jarana, Abogado de LBO Abogados.

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